El cambio en el régimen fiscal implica la sustitución de los tres derechos vigentes que paga la empresa por tres nuevos, los cuales en lugar de quedar determinados en la Ley de Ingresos de cada año pasarán a formar parte de la Ley Federal de Derechos.

Bajo este esquema el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP) recibirá recursos constantemente, se creará otro para garantizar los ingresos de las entidades federativas, y se destinarán partidas para la fiscalización de Pemex y para investigación científica y tecnológica a cargo del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

Debido a que la estimación para la mezcla mexicana de exportación contenida en la Ley de Ingresos aprobada por la Cámara de Diputados la semana pasada fue más alta de lo proyectado por el Ejecutivo, el impacto que traerá el nuevo régimen fiscal en los recursos que reciben la federación, los estados y los municipios será mayor al previsto.

Los costos deducibles serán los gastos de la empresa por inversiones en exploración, desarrollo y explotación de yacimientos; así como en gasoductos, oleoductos y transporte, o un máximo de 6.5 dólares por barril de petróleo y 2.7 dólares por millar de pies cúbicos de gas. A la base resultante se aplicará un porcentaje que durante los primeros cuatro años dependerá del precio observado, el cual disminuirá en la medida en que éste se incremente, para quedar en una tasa de 79% a partir del 2010.

La siguiente aportación será el Derecho Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo Crudo, el cual se aplicará cuando el precio observado para la mezcla mexicana sea mayor al determinado en la Ley de Ingresos, y será equivalente a 13.1% de dicha diferencia.

Esta contribución se destinará al Fondo para la Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, cuya mecánica de distribución será definida anualmente por la Secretaría de Hacienda.