En esta columna le hemos narrado sobre el problema que implican los ductos que llegan a San Juan Ixhuatepec, en Edomex, y que ponen en riesgo a los habitantes de esta zona que está mucho más poblada que en 1984, cuando se dio la tragedia en el lugar.

Aun cuando hay documentos oficiales en los que se advierte sobre los riesgos de estos ductos y que han sido presentados al consejo de administración de Pemex y una creciente presión social, el secretario de Energía ha optado por intentar bloquear cualquier decisión. Parecería que este hombre está determinado a no hacer nada hasta que termine el sexenio.

Hay problemas mucho más graves como la distribución del gas LP, donde el robo supera los ocho mil mdp anuales, en detrimento de los usuarios y, peor aún, donde el desvío es del 10%, cuando en las gasolinas es del 5%.

En este sector hay prácticas francamente delincuenciales, como evitar que otras empresas entren a dar servicio en determinadas zonas del Valle de México y su área conurbada.

Los empresarios del sector tienen un bajísimo nivel de respeto por la autoridad. Hace unos días, la Profeco clausuró instalaciones en Tijuana del grupo de Tomás Zaragoza.

Los empleados de este hombre no sólo rompieron los sellos y sacaron unos cien camiones, sino que incluso dañaron un vehículo de la Profeco estacionado frente a las instalaciones de este grupo.

Más allá, empresas de gas LP sobornan a líderes vecinales para que impidan o dificulten la instalación de redes de gas natural y, de acuerdo con la denuncia de algunas compañías del sector, hasta han llegado a perpetrar actos de sabotaje.

La omisión de las autoridades es tal que, por ejemplo, no se ha publicado durante todo el sexenio el reglamento de gas LP y, peor aún, ni siquiera existe una Norma Oficial Mexicana para los dispensarios de este energético.

Quizá ha comenzado un cambio para evitar el robo a los consumidores de gasolina; sin embargo, para quienes consumen gas LP, especialmente los deciles más bajos de la población, el problema es cada vez más grave.