Después de la aprobación en las Cortes, el pasado 29 de junio y tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios entrará ya en vigor en España.

En el ámbito de sus competencias, el Gobierno deberá aprobar los reglamentos y normas necesarias para la aplicación y desarrollo de esta Ley. Está Ley española permitirá, la venta de fármacos sin receta a través de Internet.

El Ministerio de Sanidad y Consumo defiende que se trata de una Ley que persigue dar mayor seguridad a los pacientes, ya que garantiza la trazabilidad de los medicamentos; los facultativos tendrán más información por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS); las empresas están obligadas a hacer públicos los resultados de los ensayos públicos, ya sean favorables o no; y cualquier efecto adverso de algún fármaco debe ser comunicado con total rapidez.

La norma busca favorecer el uso racional de los medicamentos; contribuir a la reducción de la factura farmacéutica, impulsar la investigación de la industria farmacéutica y consolidar un modelo de farmacia que da un servicio de interés general. Además, la Ley aporta estabilidad y predictibilidad al conjunto de medidas incluidas en el Plan Estratégico de Política farmacéutica (aprobado hace más de un año) y cuyas medidas ya han contribuido a reducir el gasto farmacéutico.

En lo referido a la distribución de medicamentos, se establece que la utilización de terceros por parte de un laboratorio o un almacén mayorista para la distribución de medicamentos deberá incluirse en la correspondiente autorización. Se establece, además que las Administraciones sanitarias fomentarán la prescripción de los medicamentos identificados por su principio activo en la receta médica, y que el farmacéutico, si tiene que sustituir un fármaco prescrito por el médico por desabastecimiento o razones de urgente necesidad, lo hará por el de menor precio, con igual composición.

En cuanto al régimen sancionador, será considerada infracción leve no incluir en los envases de los medicamentos la información en alfabeto braille para su correcta identificación por las personas invidentes y con discapacidad visual. Las cantidades de las infracciones oscilan desde 6 mil euros hasta un millón de euros.