Ayer, un juez ordenó el allanamiento de las oficinas de la petrolera Andina, filial de la española Repsol, y la captura de sus dos máximos ejecutivos por contrabando y falsificación de documentos.

Un vocero de Repsol se mostró sorprendido por el giro de la causa, porque el juez suspendió el miércoles el proceso para decidir sobre si la acusación era una violación administrativa o una causa penal.

"Sorprende porque la relación con el gobierno está encaminada por un carril de diálogo que permitirá hallar acuerdos ante las nuevas realidades", sostuvo la fuente, y recordó la reciente visita a Bolivia del presidente de Repsol Antoni Brufau.

Los directivos buscados son el presidente y el gerente general de Andina, Julio Gavito y Pedro Sánchez, quienes evadieron la orden porque no estaban en el edificio.

El proceso se abrió por denuncia de la Aduana boliviana, que acusó a Repsol de contrabandear gas a Chile y Argentina, con un presunto perjuicio contra el fisco de nueve millones 200 mil dólares en impuestos no pagados.

En Madrid, el Canciller español Miguel Ángel Moratinos se comunicó con su embajador en Bolivia Juan Francisco Montalbán, para que tome contacto con el gobierno de Evo Morales y lo mantenga informado.