Las formas en que se ve afectada la sociedad, van desde la adulteración de medicamentos que no contienen ningún compuesto para solucionar alguna enfermedad, es decir, son inyecciones de agua o pastillas de azúcar, hasta el sobreprecio y los desvíos de recursos de los servidores públicos para sus fines particulares, en lugar de destinarlos a la mejora de la infraestructura hospitalaria o el apoyo a algún padecimiento.

El informe dedica un apartado completo al relato del caso de Provida en México, y los desvíos de Serrano Limón, equivalentes a 30 mdp del erario, y que tenían que haber sido ocupados para un proyecto de apoyo a la salud de la mujer. Sobre este asunto, al cual se le dedica especial atención, se relata el poder de acción de seis organizaciones civiles que impulsaron la investigación al observar que el presupuesto había sido alterado.

Ello fue posible gracias a la implementación de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, detalló el documento del organismo internacional. Y de la misma forma, destacó que fue la primera vez que la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos fue aplicada a un individuo.

Se recomienda que todos los países desarrollen un código de conducta para médicos, funcionarios del sector y farmacéuticos; y, para las empresas farmacéuticas, adoptar los Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno, en el cual las empresas se comprometan a ser parte de la corrupción en este sector.