Un grupo de trabajadores y ex trabajadores de Ecopetrol están a punto de lograr que la empresa se vea obligada a entregarles 542.000 millones de pesos por cuenta -según ellos- del derecho que tienen por la participación de las utilidades que ha tenido la estatal desde 1962.
El fallo, definitivo hasta el momento, lo tomó el pasado 16 de diciembre el juez 23 civil del circuito de Bogotá, Bernardo Morales Casas, después de un dilatado proceso de nueve años de existencia que, entre demandas y apelaciones, ha llevado a ese expediente a circular por los despachos del Tribunal Superior de Bogotá y de la Corte Suprema de Justicia.
Ecopetrol no está dispuesto a dar su brazo a torcer y anunció, a través de su director jurídico, Mauricio Echeverry, que apelará la decisión del juzgado 23 por considerar que hubo presuntas irregularidades en un proceso, que a su juicio, fueron señaladas por la Corte Suprema.
La ofensiva jurídica de la estatal petrolera no para ahí, para defender lo que ellos argumentan como derechos vulnerados de la empresa, e irá inclusive a solicitar la nulidad de la sentencia del juez Morales Casas, a acudir a la Procuraduría y, si es del caso, a la Fiscalía.
Entre tanto, los miembros de Foncoeco, cuya sede está en Barrancabermeja, están a la espera de que se surtan las instancias pertinentes, que hasta ahora les dan la razón, con el fin de fijar el derrotero que seguirán en caso de que prosperen los recursos que anuncia Ecopetrol. La orden del abogado de los ex trabajadores y trabajadores agremiado en esa entidad es no hablar sobre el tema hasta que el proceso no concluya definitivamente, dijo el representante legal, Antonio Núñez Cala.
Ecopetrol y Foncoeco siguen a la expectativa sobre este litigio que nació como consecuencia de una decisión tomada hace 43 años, cuando la entonces junta directiva de la estatal decidió, el 30 de marzo de 1962, destinar un porcentaje de las utilidades anuales de la empresa a sus empleados.
Para ello, según el acta, se debía constituir un fondo de inversión de utilidades que sería el encargado de manejar y administrar los aportes de Ecopetrol a sus empleados. Según explican los actuales directivos de la estatal, tal fondo nunca se creó por razones de orden legal y, además, nunca le otorgó a sus trabajadores ni a nadie la facultad para hacerlo.
No obstante lo anterior, Ecopetrol, según consta en las actas de la junta, destinó entre 1962 y 1975 esos recursos a los empleados. Durante ese lapso, se constituyó en 1965 Policolda, una empresa productora de etileno y polietileno, donde el fondo en mención tendría una participación del uno por ciento, Ecopetrol el 49 por ciento y la firma Dow Corning de Colombia, el 50 por ciento.
Como en ese entonces el fondo aún no se había podido constituir, esa participación quedó, por decisión de la junta directiva, en posesión del vicepresidente financiero de Ecopetrol de la época, Alberto Serrano.
En los estatutos de la nueva firma, se estableció que cuando el fondo naciera y obtuviera su personería jurídica le sería cedida la parte correspondiente, en poder de Serrano. Según lo que se determinó en ese momento, si pasados seis meses no ocurría tal efecto, Ecopetrol cedería los derechos a quien considerara pertinente.
Cinco años después, en 1972, Ecopetrol delegó en la Corporación de Vivienda de Trabajadores de la Empresa (Cavipetrol) la administración de unas acciones de Policolda (en ese momento ya se denominaba Policolsa), pertenecientes al fondo, pero 23 años más tarde revocó tal mandato y los títulos retornaron a la estatal.
Cabe agregar que, según explicó Gilbero Manrique, abogado de la estatal en este caso, desde 1975 Ecopetrol había decidido no conceder más apropiaciones a sus trabajadores, porque existían normas que impedían a la empresa entregar parte de sus utilidades a empleados públicos. Hasta 1998 había pagado 55,8 millones de pesos, más 24,2 millones de intereses. Quedó un saldo de 3,8 millones.
Un año antes, en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja un grupo de ex trabajadores y trabajadores de Ecopetrol registraron ante la Cámara de Comercio el Fondo de Cooperativo Multiactivo de Utilidades de los Extrabajadores de Ecopetrol (Foncoeco).
Una vez constituida esta entidad, sus representantes legales solicitaron a Ecopetrol las cuentas e informes del caso sobre la administración de los dineros destinados al fondo de utilidades, que se había planteado en 1962.
Esta petición fue negada por la empresa, por considerar que Foncoeco no tenía competencia para asumir las funciones del fondo que la junta directiva buscó crear en la década del 60 y que al final no se conformó.
Ante esta respuesta, Foncoeco decidió en 1997 entablar una demanda donde exigía a Ecopetrol rendir las cuentas respectivas y les pagara el dinero que resultara de tal ejercicio.
Nueve años más tarde, y después de decisiones y apelaciones ante tribunales y la Corte Suprema, el último fallo a cargo del juzgado que recibió la demanda en primera instancia tiene a Ecopetrol ad portas de tener que desembolsar un cifra de medio billón de pesos.
